El pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que sanciona con el cierre de establecimientos y la aplicación de multas de hasta 1,700 unidades impositivas tributarias (UIT) a las empresas que cometan delitos de corrupción.

Conforme al dictamen, ese monto ascendería hasta un máximo de 6 millones 716,700 soles. También contempla la inhabilitación por cualquiera de las siguientes modalidades: suspensión de actividades sociales por un plazo no mayor de dos años, suspensión para contratar con el Estado por un plazo no mayor de cinco años, cancelación de licencias, clausura de sus locales y disolución de la empresa.

Responsabilidad

La iniciativa incorpora la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el Código Penal, pero excluye a los delitos de peculado, colusión y tráfico de influencias.

De acuerdo con el texto de la norma, también existirá responsabilidad en las personas naturales que prestan cualquier tipo de servicio a la persona jurídica, con independencia de su naturaleza, del régimen jurídico en que se encuentren y actúen por orden o autorización.

Herramienta

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren, calificó la aprobación del proyecto de ley como un “paso importante” para el Perú al convertirse en una herramienta en la lucha anticorrupción.

Dijo que la medida absuelve uno de los puntos pendientes en materia de lucha anticorrupción que los otros miembros de la Alianza de Pacífico ya tienen en sus respectivas legislaciones.

Además, refirió que será un instrumento vital para advertir a las empresas que pretendan corromper.

Beneficios de la norma

La Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción saludó la aprobación del proyecto de ley que regula la responsabilidad de las empresas que realicen actos de corrupción, y que establece un conjunto de sanciones administrativas.

Su coordinadora, Rosmery Cornejo, dijo que la aprobación de la disposición garantiza el ingreso del Perú en el Grupo de Trabajo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como miembro pleno con derecho a voz y voto.

Similar opinión expresó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al resaltar los beneficios de la norma.

“Actualmente, somos un país invitado en el Grupo Antisoborno de la OCDE y la aprobación de esta ley nos permitirá convertirnos en participantes con voz y voto”, declaró desde Londres.

Diario Oficial El Peruano (18/03/2016)

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