Los principios regulados por la Ley Servir, como la meritocracia y la igualdad de oportunidades, destinados a lograr la efectiva prestación de los servicios requeridos por el Estado y los administrados, son perfectamente compatibles con la Constitución Política.

Así lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) mediante la STC Nº 025-2013-PI/TC, que declara en parte la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley del Servicio Sivil.

Justificación

En efecto, al analizar la constitucionalidad de la Ley Nº 30057 el pleno recuerda que la función pública, en general, y el servicio civil, en particular, nunca fueron parte de una política pública nacional sostenida a través del tiempo.

“Recién a partir de la creación de Servir, en el año 2008, se ha propuesto generar una marcada reforma en la organización, estructura y principios que guían el servicio civil con el objeto de hacer frente a diversos factores, como la crisis de legitimidad de lo público ante la ciudadanía, por la percepción de que el Estado no respondía a las expectativas de la población”, aseguraron.

Sin embargo, el colegiado declaró también fundadas en parte las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley Nº 30057, en principio por aquellas disposiciones que excluyen a los trabajadores de dicha regulación.

“La decisión de no incorporar a los trabajadores del Banco Central de Reserva, del Congreso de la República, de la Sunat, de la Superintendencia de Banca y Seguros y los de la Contraloría General de la República solo resultaría razonable si se tratase de servidores que desarrollen una carrera con características especiales”, advierte el TC.

Para dicho efecto, este colegiado reconoce como carreras especiales a la Ley del servicio diplomático de la República, de la Policía Nacional, maestros o servidores del Instituto Nacional Penitenciario, entre otros regímenes.

Incluso para el caso de los trabajadores del Poder Judicial, el TCdeja establecido que no resulta inconstitucional su inclusión dentro de una normativa, cuyo fin es que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, con un régimen uniforme para los servidores del Estado.

Este colegiado, además, declara inconstitucional las sanciones disciplinarias fundadas en la causal de “prevaricación”, por cuanto su alto nivel de imprecisión afecta el principio de legalidad.

Agenda legislativa

Otro aspecto importante de la sentencia es la insistencia de los magistrados en que una prohibición absoluta de negociación colectiva de remuneraciones en el sector público resulta contraria a la Constitución. De ahí que hacen énfasis en los criterios dictados mediante las STC Nº 0003-2013, 0004-2013 y 0023-2013-PI/TC acumulados.

En esa misma línea, exhorta el Congreso de la República, en el marco de sus atribuciones, para aprobar la regulación de la negociación colectiva, en un plazo que no podrá exceder de un año, a partir de la primera legislatura ordinaria del período 2016-2017.

La exclusión a la ley solo es razonable en servidores con carreras especiales.

Diario Oficial El Peruano (27/04/2016)
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